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El grupo de empresas Rumasa (Ruiz Mateos Sociedad Anónima) fue expropiado por el Gobierno español el 23 de febrero de 1983 por razones de utilidad pública e interés social. Al frente de la expropiación estuvo el ministro de Hacienda del momento, Miguel Boyer. Y, en efecto, todo lo que vino después referido al tema tuvo mucha guasa.